Errores y Bondades de la Privatización en América Latina

 

 

 

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La década perdida

 

Al comenzar la década de los ´80, era ya evidente que las políticas de sustitución de importaciones y de economía hacia adentro no estaban rindiendo los frutos esperados. Profundos desequilibrios internos y externos afectaron a nuestros países, la inflación, el estancamiento económico y una marcada distribución desigual del ingreso se adueñaron de la realidad. Agobiados por la deuda externa y por los déficits en las balanzas comerciales y de pago, los inversionistas nacionales y extranjeros perdieron la confianza en América Latina. Esto se manifestó a través de las escasas inversiones y de las masivas fugas de capitales que experimentó la región. El dramatismo de la situación hizo que a esos años de crisis se les denominara “la década perdida”.

Esa patente realidad hizo surgir un cambio de actitud en los gobiernos y en los empresarios de la región, sin embargo las recetas para enfrentar los males no se originaron en nuestros países, sino que esta vez fueron importadas desde los países industrializados a través del Fondo Monetario Internacional quien para promover los cambios aprovechó la oportunidad que le ofrecía la crisis de la deuda externa y la necesidad de divisas de los países pobres para cumplir con sus compromisos de pago.

 

 

El modelo consistía en la aplicación de un neoliberalismo de corte monetarista a través de los llamados ajustes estructurales cuyo fin era poner a nuestros países en condiciones para el pago de la deuda externa y así evitar un posible colapso del sistema monetario internacional.

 

 

Las recetas del FMI

 

 

Las recetas de este primer modelo consistían en:

 

  • Administración de la demanda, es decir, recorte en los gastos de los consumidores locales mediante la imposición de controles gubernamentales.

 

 

  • Devaluación de la moneda, lo cual bajaba el precio de las exportaciones del país, haciéndolas (en teoría) más atractivas para los compradores extranjeros.

 

 

  • Liberación del comercio exterior, es decir, eliminación de los controles gubernamentales a las importaciones, lo que es lo mismo que disminución de aranceles.

 

 

  • Liberación de precios, que implica por lo general la eliminación de los controles de precios.

 

 

 

  • Reducción del déficit presupuestal, especialmente mediante la eliminación de los subsidios gubernamentales a los alimentos, los combustibles y el transporte, y el gasto social.

 

 

  • Reestructuración de los precios relativos, esto es, aumento de los precios de sectores tales como la energía eléctrica, la agricultura, y las exportaciones.

 

 

  • Incremento de las tasas de interés a sus niveles naturales del mercado para desestimular la fuga de capitales y para atraer ahorro externo.

 

 

  • Eliminación de los subsidios gubernamentales a la inversión.

 

 

  • Reducción de la inversión estatal en la economía, es decir, impedir la creación de nuevas empresas públicas, racionalizar, y a algunas veces privatizar.

 

 

 

Aunque este primer modelo no hacía hincapié en la privatización, muchos países emprendieron procesos de venta de empresas públicas. Ya antes de la aplicación del neoliberalismo, algunos países de  América Latina habían hecho algunos  ensayos de privatización. Durante el decenio de 1960 tuvo lugar una ronda aislada de privatización, cuando Argentina devolvió a manos privadas el tambaleante sistema de transporte de superficie de Buenos Aires. Durante el mismo período México y Argentina permitieron la operación de empresas perforadoras privadas en la industria petrolera. Sin embargo, no dejaron de ser casos aislados.

 

 

El modelo de privatización chileno

 

 

El primer país latinoamericano que inició un proceso profundo de privatización fue Chile en 1973, tras el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. El nuevo gobierno, más que privatizar, lo que hacía era reprivatizar, puesto que en su gran mayoría la privatización consistía en devolverles a sus originales dueños las empresas que habían sido expropiadas o estatizadas por las anteriores autoridades socialistas.

 

La privatización chilena se convirtió en paradigmática no sólo por las motivaciones ideológicas neoliberales de los llamados “Chicago´s boys”, sino porque tras el desastre de las economías latinoamericanas de finales de los ´60, Chile fue el primero en traducir las inquietudes sobre la crisis de las empresas públicas en acción política. El caso chileno es también interesante porque fue la única experiencia que no estuvo impulsada por la deuda externa. Pero además, porque a fuerza de los errores allí se comprendió que la privatización no funcionaría si no se reestructuraba la economía en su conjunto. La privatización chilena no sólo abarcó los sectores productivos sino también áreas cruciales del sector social, tales como la seguridad social, la salud y la educación.

 

 

En pocas palabras, ellos comprendieron que el éxito de los programas para privatizar el sector publico dependía en gran medida del éxito para privatizar el sector privado, liberándolo de sus múltiples ataduras y de la red de privilegios y favores que recibían del Estado, pues no tendría sentido traspasarle una empresa pública a un empresario que dependía de los privilegios del Estado, De ser así, la empresa seguiría siendo prácticamente estatal.

 

 

El miedo a privatizar

 

 

Durante esta primera experiencia neoliberal, la privatización avanzó poco pues las prolongadas crisis económicas y las dificultades que confrontó el modelo crearon una atmosfera inhóspita para la privatización. Con los controles salariales y la desaceleración económica el desempleo creció, provocando que los empleados de las empresas públicas se aferraran más a sus empleados. Por su parte el sector privado demostró una anémica capacidad de inversión, lo cual agravaba mucho más el problema. Asimismo, la crisis social que se generó como consecuencia de la aplicación de las políticas fondo monetarias atemorizó a los políticos, quienes no se atrevieron a profundizar el proceso privatizador por temor a agravar más el ya delicado equilibrio político producido por el descontento de la población. Era tanto el temor a privatizar, que en algunos países se ha preferido utilizar otro nombre, como fue el caso de México donde, por ejemplo, al proceso de privatización se le llamó “desincorporación”.

 

 

A pesar de todo, muchos países emprendieron procesos privatizadores, en su gran mayoría impulsados por la crisis de la deuda externa.

 

 

Ante los problemas confrontados por el modelo fondomonetarista y ante la creciente resistencia de los Estados a aplicar las reformas propuestas, desde el centro del capitalismo mundial surgiría un nuevo modelo el cual sustituiría (mejor dicho, complementaría) el esquema anterior. El nuevo modelo no es más que el llamado “Consenso Washington” que consiste en la ejecución de diez instrumentos simultáneos de política económica propiciados por los Estados Unidos y por los organismos financieros multilaterales.

 

 

El modelo Consenso Washington

 

Nacido ante la posibilidad de un colapso del sistema financiero internacional provocado por la incapacidad de pago de la deuda externa de los países subdesarrollados, el también llamado “Decálogo Washington” se propone principalmente la estabilidad económica de la región para devolverle su capacidad de pago y de esta manera iniciar un nuevo proceso de crecimiento económico.

 

El “Consenso Washington” parte del criterio de aceptar la globalización de la economía mundial como una realidad incuestionable, por lo que plantea la necesidad irreversible de insertarse en ella. Cree que a través de la adopción de la economía de libre mercado la región puede lograr el crecimiento hacia afuera y la inserción que necesita a través de instrumentos tales como: apertura comercial y financiera, estabilidad monetaria y cambiaria, desregulación de los mercados internos, flexibilización laboral, privatización de empresas y demás servicios estatales, reforma del Estado y normalización en el cumplimiento de los compromisos externos.

 

 

Según el economista estadounidense John Williamson quien ha sido el compilador ideológico de las propuestas, “el Consenso Washington identificó 10 áreas en las que investigadores y formuladores de política de Washington pueden (discutiblemente) integrar un consenso suficientemente amplio respecto al carácter de las reformas en política económica que los países deudores deberían tener como objetivo”.

 

 

  • Disciplina fiscal.
  • Prioridades en el gasto público.
  • Reforma fiscal.
  • Liberalización financiera.
  • Tipos de cambios.
  • Liberalización del comercio.
  • Inversión extranjera directa.
  • Privatización.
  • Desregulación.
  • Derechos de propiedad.

 

 

 

Este segundo modelo neoliberal de política económica fue adoptado como el “Nuevo Paradigma” de desarrollo económico que sustituía al antiguo paradigma de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) descrito al principio de este trabajo.

 

 

El nuevo modelo de desarrollo fue adoptado primero por Bolivia en agosto de 1985, luego por México en julio de 1988; en Venezuela y Argentina los asumieron en 1989, y Perú, Uruguay y Paraguay en 1990,  y paulatinamente pasó a ser asimilado, ya sea por imitación, contagio o por imposición de los demás países del Continente incluyendo a los de menor dimensión como los de Centroamérica y el Caribe.

 

 

 

Errores y aciertos de la privatización

 

 

Sin embargo, estos objetivos sólo se cumplieron en forma parcial, pues en primer lugar, los choques externos (expresados principalmente en la disminución de los precios de nuestros productos de exportación, en los altos precios del petróleo, en volatilidad del sistema financiero internacional y en las crisis regionales como la asiática, la brasileña y la rusa) han provocado que las divisas fuertes adquiridas con las ventas de las empresas públicas no se hayan invertido en su totalidad en las reformas sociales y en el pago de la deuda externa como se había planteado, sino que en su gran mayoría se han utilizado para encarar las crisis mundiales que han impactado a nuestras economías.

 

 

En segundo lugar, debido a errores en la conducción de nuestras políticas económicas internas, partes de los beneficios obtenidos con las ventas se utilizaron en proyectos gubernamentales mal concebidos, en subsidios mal administrados y en financiar la red de corrupción política que carcome nuestras instituciones.

 

 

Pero no todo fue negativo, pues las ventas y capitalización de las empresas públicas han contribuido con la reducción de los déficits fiscales ayudando a la estabilización macroeconómica; se ha promovido y estimulado la inversión extranjera y se ha aumentado la tributación con la inclusión en el sistema de empresas, que antes, por ser estatales, no tributaban. Asimismo, la privatización ha contribuido con la eliminación de monopolios, lo cual ha aumentado los niveles de competencia; ha disminuido el tamaño del Estado haciéndolo más eficiente y operativo, ha aminorado el clientelismo político y se ha comprobado que la población recibe un mejor servicio de las empresas ahora privatizadas o capitalizadas. Finalmente, algunas de las empresas, especialmente las que operan bajo la modalidad de capitalización, están generando beneficios ayudando con ello al aumento de los ingresos fiscales.

 

 

El Estado en la perspectiva histórica

 

 

Por lo tanto, los pasos para vender, reformar o capitalizar las empresas públicas no pueden verse como hechos aislados y fuera de contexto, pues los mismos surgieron como una necesidad practica para enfrentar las crisis del sector público y la debacle del Estado empresario, el cual había enfermado de gravedad cuando el modelo que le servía de sustento teórico, el keynesianismo, dejó de dar respuestas adecuadas a los problemas nacionales, por lo que fue sustituido por la economía de libre mercado. Es decir, los procesos de privatización no han sido el producto del azar ni de fuerzas diabólicas antinacionales, sino el fruto de las necesidades impuestas por los imperativos de la realidad política, económica y social de nuestros países.

 

 

En resumen, podemos decir que la participación del Estado en la económica ha recorrido un largo camino de intervención, expansión y retirada, pues del “Estado guardián” en la era de libre cambio, pasamos al “Estado bombero” del período proteccionista, de éste al “Estado productivo intervencionista” keynesiano, para luego volver de nuevo al “Estado guardián o policía” de la época neoliberal.

 

 

Sin embargo, después de más de veinte años de aplicarse las políticas de libre mercado en el mundo, se puede decir, que en nuestros países siguen pendientes los problemas de subdesarrollo, pobreza y equidad; y de no buscársele una solución rápida y efectiva a estos males, las amenazas de nuevas depresiones económicas o de violencia política y social podrían hacer que la humanidad vuelva una vez más a recurrir al “Estado bombero” para enfrentar eventuales crisis que pongan en peligro la vida del sistema, pues como dijimos en el primer capítulo de esta segunda parte, este tipo de Estado es el único permanente en el capitalismo, ya que por más funciones que se le busque, el Estado siempre será un instrumento de poder con la misión de mantener (a cualquier costo) la estructura social del momento.

 

 

Gedeón Santos (Extraído de su libro “Sistemas Mundiales en Crisis”)